Preguntas frecuentes

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Penal

Sí, si la pena no supera los 2 años y se tienen en cuenta otras circunstancias personales que habrán de ser expuestas al Juzgado en cada caso concreto. También en penas de mayor duración en caso de toxicomanías o enfermedades graves del condenado.  Son circunstancias que el abogado debe poner de manifiesto para que se conceda la suspensión de la condena.
Sí, en muchos casos el propio investigado ha sufrido un perjuicio y puede a su vez ser acusación particular solicitando una condena a otra persona y reclamando una indemnización, como en el supuesto de lesiones mutuas.
El acusado realiza un reconocimiento de los hechos de los que es acusado a cambio de una rebaja de la pena. En muchos casos llegar a un acuerdo de conformidad con las acusaciones es una solución muy beneficiosa para todas las partes.
La regla general es que una persona puede estar detenida máximo 72 horas, dentro de las cuales tiene que ser puesta en libertad o ser puesta a disposición judicial, con excepciones en las que se puede prorrogar la detención otras 48 horas en delitos de organizaciones criminales o terroristas.
Sí, se puede retirar la denuncia apartándose del proceso como acusación pero en muchos casos la causa seguirá adelante si se trata de un delito público en los que el Ministerio Fiscal es parte, como en delitos de malos tratos, delitos contra la vida, delitos de lesiones, abusos sobre menores o delitos patrimoniales.
En los casos de alcoholemia, en caso de condena, se impondrá siempre la privación del derecho a conducir por tiempo de 1 a 4 años. La privación no implica automáticamente la pérdida o retirada del carné de conducir, salvo que la privación sea superior a 2 años. En ese caso, el penado deberá volverse a sacar la licencia que le habilite para conducir.
Solo será constitutivo de delito el conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas. Es decir, se tiene que acreditar que la conducción se vio afectada por la ingesta de dichas sustancias. La prueba de alcoholemia o de detección de drogas acredita la ingesta, pero no el grado de afectación en la conducción. Tendrá mucho valor la prueba testifical de los Agentes de Policía u otros testigos que hayan podido presenciar la conducción.
En estos casos si existe condena, el Código Penal permite que el Juez elija entre la pena de prisión (de 3 a 6 meses), la multa (de 6 a 12 meses) o trabajos en beneficio de la Comunidad (de 31 a 90 días). Lo habitual, y siempre que no exista una conducta reincidente, es que se imponga una pena de multa. Si el penado reconoce los hechos puede beneficiarse de lo que se denomina la “conformidad premiada” y reducir la pena en 1/3.
En este caso la pena a imponer en caso de condena siempre será la prisión (de 6 meses a 1 año), además de la privación del derecho a conducir. Por ello, hay que tener mucho cuidado con negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia si un Agente de la autoridad lo requiere.
No es posible contestar a esta pregunta, ya que dependerá de diversos factores y muchos de ellos ajenos a lo que marca la ley, como puede ser la carga de trabajo de los tribunales o la diligencia de los mismos. Pero la ley sí marca en el Art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el plazo máximo de la fase de instrucción o investigación de un procedimiento penal: 12 meses, pudiendo prorrogarse por plazos iguales o inferiores a 6 meses. También dependerá de la complejidad del asunto, el número de víctimas o investigados. En todo caso, si el procedimiento penal está paralizado podrá pelearse la aplicación de la denominada atenuante de dilaciones indebidas.

Civil

En supuestos en los que uno de los cónyuges haya dedicado su vida al cuidado de la familia sin percibir ingresos y tenga tras el divorcio escasas posibilidades de reincorporarse al mercado laboral. Se tiene en cuenta circunstancias como la duración del matrimonio, los hijos que hayan tenido, la edad en el momento del divorcio, los estudios o la formación profesional.
No necesariamente. Se puede establecer que cada uno de los progenitores abone los gastos de sus hijos mientras están bajo su guarda y los gastos de colegio, actividades, material escolar excursiones, etc. de los hijos se paguen por mitad.
No. La pensión de alimentos puede subsistir, aunque el hijo sea mayor de edad si está estudiando o no es independiente económicamente. No obstante, una correcta asistencia jurídica puede impedir excesos y situaciones injustas como la de seguir pagando pensión de alimentos a hijos mayores de edad que ni estudian ni trabajan, o que, a pesar de seguir estudiando, no tienen aprovechamiento académico alguno.
No. La pensión de alimentos es irrenunciable por el progenitor porque es un derecho del niño. Solo cabe la renuncia en algunos supuestos en que el hijo sea mayor de edad.
Implica el derecho a decidir sobre cuestiones de la vida de un hijo tales como intervenciones médicas, cambios de residencia y de colegio o traslados al extranjero. En algunos casos, y por resolución judicial uno de los padres puede ser privado de ella, como en casos de malos tratos.
En caso de que el matrimonio tenga hijos, el uso del domicilio familiar normalmente será atribuido al progenitor que tenga su guarda y custodia. En caso de que no haya hijos se atribuirá al cónyuge más necesitado de protección. En supuestos de custodia compartida la vivienda podrá ser atribuida a ambos por periodos alternativos o bien a uno de ellos en exclusiva. No obstante, en todo caso la propiedad de la vivienda seguirá siendo de ambos.
Si se produce una modificación sustancial de las condiciones que se tuvieron en cuenta en su momento para dictar la sentencia se podrá presentar lo que se denomina una demanda de modificación de medidas y pedir que alguna o todas las medidas cambien.
Es muy importante que exista un convenio regulador homologado judicialmente o una sentencia que recoja las medidas relativas a los hijos menores, ya que en caso de que se incumpla por alguno de los progenitores alguna de ellas, (como la comunicación o las visitas) se podrá pedir la ejecución de la sentencia y su cumplimiento. Se pueden incluso pedir multas coercitivas al padre o la madre que incumpla el régimen de comunicaciones o visitas.
No es posible contestar a esta pregunta, ya que dependerá de diversos factores y muchos de ellos ajenos a lo que marca la ley, como puede ser la carga de trabajo de los tribunales o la diligencia de los mismos. No obstante, como regla general, cuando el divorcio no es de mutuo acuerdo, la tramitación suele alargarse más, al ser necesario celebrar juicio antes de dictar la Sentencia.
Es suficiente con que impague una única mensualidad de renta. No hay un número de impagos mínimo para poder presentar la demanda de desahucio. Si adeuda los suministros también se podrá presentar el desahucio, ya que la ley habla de rentas y “cantidades asimiladas” a la misma.
El inquilino puede “enervar”, es decir, puede pagar la renta que deba una vez presentada la demanda de desahucio. En ese caso, el contrato de arrendamiento se reactivaría. Solo puede enervar una sola vez y en el caso de que el arrendador le haya requerido fehacientemente y haya transcurrido 1 mes sin que haya contestación por su parte, la demanda de desahucio seguirá su trámite.
Sí, tendrá que presentarse una demanda de desahucio por precario contra ignorados ocupantes.
Si el contrato de arrendamiento es de vivienda, 1 mes de fianza. Si el contrato de arrendamiento es para uso distinto de vivienda, 2 meses de fianza.
Sí, pero en el caso de que el arrendamiento sea de vivienda, la garantía adicional no podrá ser superior a 2 meses de renta. Si el contrato de arrendamiento no fuera de vivienda, se estará a lo que las partes pacten.

Laboral

La extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de 90 días, la extinción afecte al menos a 10 trabajadores (en empresas de menos de 100), el 10 % del nº de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 y 30 trabajadores (en empresas de más de 300). También, la extinción de contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el nº de trabajadores afectados sea superior a 5 o cuando se produzca por cesación total de su actividad empresarial.
Antes de impugnar un despido colectivo, se deberá llevar a cabo un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores que como máximo durará 30 días o 15 si la empresa tiene menos de 50 trabajadores. Finalizado el periodo de consultas, el empleador tiene 15 días para comunicar a los trabajadores la extinción del contrato. Y una vez comunicada, hay un plazo de 20 días hábiles para impugnar el despido.
En este caso la relación laboral común quedaría en suspenso mientras esté en vigor el contrato de alta dirección.
El alto directivo tiene derecho a recibir, a falta de acuerdo, una indemnización equivalente a 7 días de salario por año trabajo, con un límite de 6 mensualidades.